El desalojo en Salta según Salta Libre

Actualidad |28 de junio | Por José Acho

Objetivo policial cumplido: 160 familias sin techo

El diputado romerista Pedro Sández acusó al juez Torres Gálvez de cobarde

A la inteperie El miedo, el riguroso frio, el desamparo judicial y la interprerie cobijarán desde anoche a las 160 familias carenciadas del Bº San Expedito, que con los restos de sus precarias viviendas fueron obligados, sin orden judicial y por criterio propio de la Policía represora de Salta, a huir por temor a ser detenidos o golpeados. El llanto, la desesperanza, el dolor, la impotencia fueron los tristes rostros de padres, madres, adolescentes y niños de humilde condición, que ayer sufrieron dos ataques certeros de unos 1.000 efectivos -en la madrugada y durante el atardecer- con balas de goma, gases lacrimógenos, palos y golpes para disuadir cualquier intento de no retirarse del lugar. ¿La violenta policía salteña de nuevo en acción? o ¿"Final para una jornada agitada"? como tituló un medio oficialista.

Una embarazada perdió a su bebé a causa de los golpes recibidos por la Policía, concejales, diputados del PO, periodistas golpeados y una dirigente de la Red de Derechos Humanos fue salvajemente maltratada y detenida por interceder por los vecinos. "El final de una jornada agitada" como describió el titulo del medio digital AM-840, radio del gobernador de Salta, dejó como saldo una joven embarazada que perdió su bebé a causa de una paliza policial, como también, concejales, diputados, periodistas y Blanca "Nenina" Lezcano dirigente de la Red de Derechos Humanos, salvajemente detenida. La peor parte del violento desalojo -que pudo verse por las pantallas de TV de todo el país- será el triste destino incierto de una seiscientas personas que se quedaron sin su precario techo de un día para otro. Hasta el anochecer de la violenta jornada de ayer pudo verse a los atemorizados vecinos, hombres, ancianos, mujeres y niños, trasladar sus pertenencias. Lo hicieron a mano o cargando al hombro como en un vía crucis llevaron sus pesados ladrillones, bloques, viejas chapas o cartones, con cara larga de esa desdicha de ser pobres, sin tierra, ni techo propio. La cronica oficial decía "Desalojaron totalmente el Bº San Expedito" y el informe policial marcaba anoche que el objetivo fue cumplido como se pidió "cueste lo que cueste". Pero no pueden confiarse asi que se aseguraron de mantener guardias policiales "para evitar nuevos intentos de asentamiento en la zona". "El juez es un cobarde" El diputado romerista Pedro Sandez flamante presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura, en un acto de enfrentamiento que develó su contrariedad del gobierno con el juez de la causa Marcelo Torres Gálvez. Al parecer no estaba previsto que no haga lugar al pedido de desalojo del fiscal, lo que finalmente, dejó mal parado al gobernador Juan Carlos Romero ante toda la población y los medios locales y nacionales. Este flanco quedó al descubierto y este hecho podría costarle caro al juez, ya que el violento operativo contra los vecinos del barrio a último momento no contó con la orden judicial correspondiente, y en este sentido el diputado Sández culpó al magistrado Marcelo Torres Gálvez y lo trató de cobarde. "Este juez parece estar de campaña política, porque se hizo presente en el lugar de los hechos y a los vecinos les prometió una solución, pero cuando se fue parece que se olvidó del tema y no hizo nada. Tenía todos los elementos jurídicos para accionar contra y demostró que es un cobarde porque no hizo nada", expresó enojado a la prensa. La causa cambia de juez Ayer a última hora también se supo que la causa pasó al Juzgado de Instrucción Formal de Séptima Nominación a cargo de Jorge Raúl Sosa Vallejos. Este hecho evidencia el descontento del gobierno con el juez Torres Galvez. La complejidad que alcanzó el caso provocó ayer el planteo del fiscal Facundo Ruiz de los Llanos, quien pidió la incompetencia del juez Correccional y Garantías, Marcelo Torres Galvez. En una entrevista con FM Noticias, Sosa Vallejos solicitó al jefe de la Policía un informe para conocer todo lo inherente al desalojo y, según declaró anocher a última hora, tras recibir todos los datos ordenó al funcionario policial "el cese inmediato de todo procedimiento que implique el ejercicio de atribuciones no ordenadas por el juez competente". Pero a esta altura de los acontecimientos, ya se había concluido la segunda incursión policial contra los vecinos, lo que desarticuló totalmente la resistencia. ¿Disturbios minúsculos? Por su parte el Secretario de Seguridad, Gustavo Ferraris, quien ordenó la represión movilizando a unos mil efectivos, entre policías e infantería con todos los armamentos antidisturbios, aseguró que fue un "minúsculo grupo el que generó disturbios porque el 80 por ciento se había retirado pacíficamente" y justificó el desalojo por la fuerza en el delito de usurpación que figura en la Ley de Contravenciones y también lo hizo para proteger a los vecinos de daños futuros. "Un informe sanitario desnuda las falencias de la zona constituyéndose en un peligro para esas personas", expresó. Culpan a la oposición El origen de todo lo ocurrido está en la oposición el PO y Juan Manuel Urtubey. Según declaró el ministro de Gobierno de la provincia, Víctor Manuel Brizuela, los hechos de resistencia de los vecinos del asentamiento San Expedito tiene "móviles políticos" y responsabilizó a los dirigentes del Partido Obrero y al ex funcionario y ahora candidato de la oposición Juan Manuel Urtubey. Brizuela, explicó que hace unos días el candidato a gobernador del Frente para la Victoria-PRS efectuó un acto proselitista en la zona. Brizuela señaló que, "cuando se les pidió a los vecinos que desalojen la zona, el 80 por ciento se retiró y allí llegaron los hombres del antisistema del PO". El funcionario puntualizó que estaba seguro que "en las últimas jornadas la población del asentamiento iba a seguir creciendo y si se los dejaba se iban a duplicar". Detrás de la represión Los medios periodisticos de todo el país registraron el hecho policial contra los vecinos y tanto el gobierno como la policía recibieron el repudio de las organizaciones políticas y sociales que se solidarizaron con los damnificados por la injustificada violencia. También permitió conjeturar que detrás de esta represión se ocultarían grandes intereses económicos en la zona. Alrededor de las 18, se concretó el segundo hostigamiento contra los habitantes y miembros de las familias del Barrio San Expedito. La policía provincial reprimió volvió a hacer notar su mando contra los habitantes que recibieron una segunda descarga de balas de goma, gases lacrimógenos, produciendo la detención de varias personas, entre ellas menores de edad. En la segunda represión policial fueron golpeados los Diputados del Partido Obrero, Pablo Lopéz y Claudio Del Plá y detenido el Concejal Diego Toro (segunda vez en la jornada). Además de dirigentes sociales y Blanca Lezcano de la Red de Derechos Humanos. A ultima hora de la noche se mantenía la presencia policial mínima en San Expedito. La mayor parte de los centenares de efectivos de desmovilizaron. Para hoy los pobladores del barrio apaleados por la policía tienen previsto realizar una asamblea para discutir los pasos a seguir y convocar una movilización para la tarde. Fuente: Programa "Piquete y Cacerola", FM Noticias Foto de portada: Nuevo Diario de Salta. http://www.saltalibre.org/article.php3?id_article=1650