jueves, 28 de junio de 2007

La linda se puso fea

Aprovechando este espacio para salir un poco de nuestra mirada tan unitaria y porteña, les propongo ver el conflicto en Salta desde los medios salteños. ¿Policía descontrolada, artilugio de campaña o sincero interés por la salud de las familias? Quizás un poco de las tres. Probablemente se hizo un estudio sobre el impacto de los desechos cloacales en la salud de la gente del asentamiento que reveló que estaban sufriendo diversas enfermedades y que era muy riesgoso que siguieran viviendo ahí. Podemos sumarle gente descontenta por la presencia de un asentamiento a sólo 4 km de Salta capital, que además se encontraba en territorio de una reserva. Lo que vino después puede haber sido un intento del gobernador por "emprolijar" la ciudad para la campaña que se tornó en su contra o artilugio político del candidato opositor, del Frente para la Victoria, para que el juez se echara atrás con la orden de desalojo y así quedara mal parado el gobernador. Ambas opciones pueden haber derivado en excesos de la fuerza policial, que lamentablemente no son extraños en nuestro país, pero que en estos casos se tornan aún más absurdos. Si la contaminación y las consecuencias para la salud eran efectivamente las que decía el estudio lógicamente esa gente no podía seguir viviendo ahí y había que reubicarla. Ahora bien si la razón del desalojo era ésta lo lógico hubiese sido lograr que la gente entendiera la situación o por lo menos prever que era esperable y comprensible que muchos se resistieran a dejar el asentamiento porque era lo único seguro que tenían y debían desconfiar de las propuestas de reubicación del gobierno. ¿Ustedes que opinan?

El desalojo en Salta según El Tribuno

Luego del desalojo de ayer
Las familias de San Expedito serán trasladas a otro lugar


Informes sanitarios dan cuenta que la zona no es apta para la residencia de personas.
Las 160 familias que permanecían hasta ayer tarde en el asentamiento San Expedito, un predio ubicado al Norte de la ciudad y próximo a las lagunas de oxidación de líquidos cloacales, comenzarán a ser trasladadas a otros puntos del éjido urbano, luego del desalojo ocurrido en la víspera. La medida se adoptó en virtud de la existencia de informes sanitarios que dan cuenta de la prevalencia, en ese sitio, de enfermedades como diarreas, parasitosis intestinal, hepatitis A, fiebre tifoidea y dermatitis, entre otras, como consecuencia de la proximidad a las lagunas de decantación a donde confluyen las cloacas de la zona. Además de esto, los terrenos ocupados desde principios de año, forman parte de una reserva natural, destinada a espacio público y de usos múltiples. Previamente al desalojo, los ocupantes de las 4 hectáreas, ya habían sido advertidos en mayo sobre esta situación y paralelamente les fueron ofrecidos otros terrenos en la ciudad donde poder construir su vivienda dentro del programa Familia Propietaria. Esta oferta se mantuvo pese al desalojo y es así que gran parte de las familias que permanecían ayer en el lugar, optaron por retirarse voluntariamente, aunque otras resistieron y tuvieron que ser desalojadas por la fuerza pública. El operativo El desalojo de los ocupantes de los terrenos de San Expedito comenzó pasadas las seis de la mañana, con unos 500 efectivos policiales. Durante el transcurso de la mañana se vivieron momentos de tensión, ya que un grupo de personas se negaba a dejar sus precarias viviendas. Como resultado del operativo fueron detenidas 45 personas. Poco antes del mediodía, el juez correccional Marcelo Torrez Gálvez se hizo presente en la zona y luego de unos minutos, el desalojo fue suspendido. En el transcurso de la tarde un grupo de funcionarios -entre los que se encontraban el titular de Familia Propietaria, Héctor Aleksandrowicz y Lucas Amado, secretario de Gobierno- se reunieron en la sub comisaría de Ciudad del Milagro con una comitiva de vecinos de la zona, tratando de encontrar una salida viable al conflicto planteado. Una de las posibilidades que se barajaban ayer -que no pudo ser confirmada- es que los habitantes de este lugar serán trasladados a terrenos cercanos a Río Ancho. La Policía terminó de concretar el desalojo de las familias y el pasadas las 18, el operativo estaba concluido. Bien entrada la noche la actividad seguía, ya que la mayoría de los ocupantes se encontraban trasladando sus pertenencias en camiones destinados a ese fin. Los menores cuyos padres no tenían un lugar donde ir, fueron asistidos por el hogar Rosa Niño, que se encargará de ellos hasta tanto sus familias sean reubicadas.

Un informe sanitario

El Secretario de Seguridad, Gustavo Ferraris, sostuvo ayer que el desalojo se concretó en base a "un informe sanitario que establece los peligros para esas personas". El funcionario hizo referencia a un informe elaborado por el centro de Salud de barrio 17 de Octubre, donde se menciona específicamente a la situación en el asentamiento San Expedito. Detalla su ubicación en la zona noreste a 10 cuadras del centro de salud del barrio 17 de Octubre y a 4 km del centro de la ciudad. Informa también la existencia de 100 familias asentadas en condiciones precarias y afectadas por enfermedades producidas por contaminación con líquidos cloacales, entre ellas diarreas, parasitosis intestinal, Hepatitis A, fiebre tifoidea y dermatitis. Por su parte, el ministro de Gobierno, Manuel Brizuela, consideró concluída esta situación y reafirmó que esta cuestión no sólo está referida a la decisión política respecto de la ocupación ilegal, sino que fundamentalmente pretende proteger a las familias que no pueden residir en este lugar donde están los piletones cloacales.


http://eltribunosalta.com.ar/edicion-salta/salta/20070628_003404.php

El desalojo en Salta según Salta Libre

Actualidad |28 de junio | Por José Acho

Objetivo policial cumplido: 160 familias sin techo
El diputado romerista Pedro Sández acusó al juez Torres Gálvez de cobarde

A la inteperie
El miedo, el riguroso frio, el desamparo judicial y la interprerie cobijarán desde anoche a las 160 familias carenciadas del Bº San Expedito, que con los restos de sus precarias viviendas fueron obligados, sin orden judicial y por criterio propio de la Policía represora de Salta, a huir por temor a ser detenidos o golpeados.
El llanto, la desesperanza, el dolor, la impotencia fueron los tristes rostros de padres, madres, adolescentes y niños de humilde condición, que ayer sufrieron dos ataques certeros de unos 1.000 efectivos -en la madrugada y durante el atardecer- con balas de goma, gases lacrimógenos, palos y golpes para disuadir cualquier intento de no retirarse del lugar. ¿La violenta policía salteña de nuevo en acción? o ¿"Final para una jornada agitada"? como tituló un medio oficialista.
Una embarazada perdió a su bebé a causa de los golpes recibidos por la Policía, concejales, diputados del PO, periodistas golpeados y una dirigente de la Red de Derechos Humanos fue salvajemente maltratada y detenida por interceder por los vecinos.

"El final de una jornada agitada" como describió el titulo del medio digital AM-840, radio del gobernador de Salta, dejó como saldo una joven embarazada que perdió su bebé a causa de una paliza policial, como también, concejales, diputados, periodistas y Blanca "Nenina" Lezcano dirigente de la Red de Derechos Humanos, salvajemente detenida.

La peor parte del violento desalojo -que pudo verse por las pantallas de TV de todo el país- será el triste destino incierto de una seiscientas personas que se quedaron sin su precario techo de un día para otro.

Hasta el anochecer de la violenta jornada de ayer pudo verse a los atemorizados vecinos, hombres, ancianos, mujeres y niños, trasladar sus pertenencias. Lo hicieron a mano o cargando al hombro como en un vía crucis llevaron sus pesados ladrillones, bloques, viejas chapas o cartones, con cara larga de esa desdicha de ser pobres, sin tierra, ni techo propio.

La cronica oficial decía "Desalojaron totalmente el Bº San Expedito" y el informe policial marcaba anoche que el objetivo fue cumplido como se pidió "cueste lo que cueste". Pero no pueden confiarse asi que se aseguraron de mantener guardias policiales "para evitar nuevos intentos de asentamiento en la zona".

"El juez es un cobarde"

El diputado romerista Pedro Sandez flamante presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura, en un acto de enfrentamiento que develó su contrariedad del gobierno con el juez de la causa Marcelo Torres Gálvez. Al parecer no estaba previsto que no haga lugar al pedido de desalojo del fiscal, lo que finalmente, dejó mal parado al gobernador Juan Carlos Romero ante toda la población y los medios locales y nacionales.

Este flanco quedó al descubierto y este hecho podría costarle caro al juez, ya que el violento operativo contra los vecinos del barrio a último momento no contó con la orden judicial correspondiente, y en este sentido el diputado Sández culpó al magistrado Marcelo Torres Gálvez y lo trató de cobarde.

"Este juez parece estar de campaña política, porque se hizo presente en el lugar de los hechos y a los vecinos les prometió una solución, pero cuando se fue parece que se olvidó del tema y no hizo nada. Tenía todos los elementos jurídicos para accionar contra y demostró que es un cobarde porque no hizo nada", expresó enojado a la prensa.

La causa cambia de juez

Ayer a última hora también se supo que la causa pasó al Juzgado de Instrucción Formal de Séptima Nominación a cargo de Jorge Raúl Sosa Vallejos. Este hecho evidencia el descontento del gobierno con el juez Torres Galvez. La complejidad que alcanzó el caso provocó ayer el planteo del fiscal Facundo Ruiz de los Llanos, quien pidió la incompetencia del juez Correccional y Garantías, Marcelo Torres Galvez.

En una entrevista con FM Noticias, Sosa Vallejos solicitó al jefe de la Policía un informe para conocer todo lo inherente al desalojo y, según declaró anocher a última hora, tras recibir todos los datos ordenó al funcionario policial "el cese inmediato de todo procedimiento que implique el ejercicio de atribuciones no ordenadas por el juez competente". Pero a esta altura de los acontecimientos, ya se había concluido la segunda incursión policial contra los vecinos, lo que desarticuló totalmente la resistencia.

¿Disturbios minúsculos?

Por su parte el Secretario de Seguridad, Gustavo Ferraris, quien ordenó la represión movilizando a unos mil efectivos, entre policías e infantería con todos los armamentos antidisturbios, aseguró que fue un "minúsculo grupo el que generó disturbios porque el 80 por ciento se había retirado pacíficamente" y justificó el desalojo por la fuerza en el delito de usurpación que figura en la Ley de Contravenciones y también lo hizo para proteger a los vecinos de daños futuros. "Un informe sanitario desnuda las falencias de la zona constituyéndose en un peligro para esas personas", expresó.

Culpan a la oposición

El origen de todo lo ocurrido está en la oposición el PO y Juan Manuel Urtubey. Según declaró el ministro de Gobierno de la provincia, Víctor Manuel Brizuela, los hechos de resistencia de los vecinos del asentamiento San Expedito tiene "móviles políticos" y responsabilizó a los dirigentes del Partido Obrero y al ex funcionario y ahora candidato de la oposición Juan Manuel Urtubey.

Brizuela, explicó que hace unos días el candidato a gobernador del Frente para la Victoria-PRS efectuó un acto proselitista en la zona. Brizuela señaló que, "cuando se les pidió a los vecinos que desalojen la zona, el 80 por ciento se retiró y allí llegaron los hombres del antisistema del PO".

El funcionario puntualizó que estaba seguro que "en las últimas jornadas la población del asentamiento iba a seguir creciendo y si se los dejaba se iban a duplicar".

Detrás de la represión

Los medios periodisticos de todo el país registraron el hecho policial contra los vecinos y tanto el gobierno como la policía recibieron el repudio de las organizaciones políticas y sociales que se solidarizaron con los damnificados por la injustificada violencia.

También permitió conjeturar que detrás de esta represión se ocultarían grandes intereses económicos en la zona. Alrededor de las 18, se concretó el segundo hostigamiento contra los habitantes y miembros de las familias del Barrio San Expedito.

La policía provincial reprimió volvió a hacer notar su mando contra los habitantes que recibieron una segunda descarga de balas de goma, gases lacrimógenos, produciendo la detención de varias personas, entre ellas menores de edad.

En la segunda represión policial fueron golpeados los Diputados del Partido Obrero, Pablo Lopéz y Claudio Del Plá y detenido el Concejal Diego Toro (segunda vez en la jornada). Además de dirigentes sociales y Blanca Lezcano de la Red de Derechos Humanos.

A ultima hora de la noche se mantenía la presencia policial mínima en San Expedito. La mayor parte de los centenares de efectivos de desmovilizaron. Para hoy los pobladores del barrio apaleados por la policía tienen previsto realizar una asamblea para discutir los pasos a seguir y convocar una movilización para la tarde.

  • Fuente: Programa "Piquete y Cacerola", FM Noticias
  • Foto de portada: Nuevo Diario de Salta.
http://www.saltalibre.org/article.php3?id_article=1650

El desalojo en Salta según Radio AM 840

28/6 (17:08)

Final para una jornada agitada
DESALOJARON TOTALMENTE EL BARRIO SAN EXPEDITO

Concluyó el desalojo de 160 familias que ocupaban ilegalmente los terrenos de Barrio San Expedito. Se mantienen guardias policiales para evitar nuevos intentos de asentamiento en la zona.

SALTA. Mientras se mantienen guardias policiales para evitar cualquier nuevo intento de asentamiento, concluyó el desalojo de las aproximadamente 160 familias, que hace unos meses se instalaron ilegalmente en esa zona de la ciudad.

Por otra parte, la causa pasó al Juzgado de Instrucción Formal de Séptima Nominación a cargo de Jorge Raúl Sosa Vallejos, por la complejidad que adoptó este hecho y ante el planteo del fiscal Facundo Ruiz de los Llanos, que pidió la incompetencia del juez Correccional y Garantías, Marcelo Torres Gálvez.

Sosa Vallejos solicitó al jefe de la Policía un informe para conocer todo lo inherente al desalojo y, según se informó, tras recibir los datos ordenó al funcionario policial "el cese inmediato de todo procedimiento que implique el ejercicio de atribuciones no ordenadas por el juez competente".

Por su parte, el ministro de Gobierno, Manuel Brizuela, consideró concluida esta situación y reafirmó que esta cuestión no sólo está referida a la decisión política respecto de la ocupación ilegal, sino que fundamentalmente pretende proteger a las familias que no pueden residir en este lugar donde están los piletones cloacales.






http://www.radiosalta.com/noticia.php?idn=207102